¿Qué es un fondo buitre? El caso de Maricarmen pone el foco sobre este tipo de inversores inmobiliarios

El desahucio de una mujer de 87 años en Madrid ha reabierto el debate sobre la vivienda y el papel de los grandes propietarios. El caso permite explicar qué son los fondos buitre y cómo intervienen en el mercado inmobiliario. 

Maricarmen Abascal, de 87 años, vivió durante 71 años en una vivienda del distrito madrileño de Retiro. El inmueble estaba sujeto a un contrato de renta antigua firmado originalmente por su padre en 1956 y, tras sucesivas subrogaciones, la vivienda pasó a estar ocupada por Maricarmen.

La propiedad del inmueble cambió posteriormente de manos. Según la información publicada por Infobae, Urbagestión Desarrollo e Inversiones adquirió el edificio en 2018. La empresa sostiene que la situación contractual de Maricarmen no permitía mantener indefinidamente el alquiler en las mismas condiciones y que el procedimiento judicial terminó respaldando su posición.

El conflicto se prolongó durante varios años. En 2020 comenzó el proceso legal y en 2024 Maricarmen recibió una primera comunicación en la que se le solicitaba abandonar la vivienda. Posteriormente, en octubre de 2025, un juzgado ordenó el desalojo, que finalmente se ejecutó el 23 de septiembre de 2026.

El caso adquirió una dimensión nacional por la edad de la inquilina, el tiempo que había vivido en la vivienda y la situación del mercado del alquiler. Tras el desahucio se produjeron movilizaciones y una acampada en la Puerta del Sol, mientras distintas organizaciones reclamaban cambios en la legislación de vivienda.

¿Por qué se habla de un fondo buitre?

La expresión “fondo buitre” se utiliza habitualmente para describir a determinados inversores especializados en adquirir activos con dificultades, deudas o un nivel de riesgo elevado, generalmente con la expectativa de obtener una rentabilidad mediante su gestión posterior.

En el sector inmobiliario, estos inversores pueden participar en operaciones muy diferentes: desde la adquisición de viviendas y edificios hasta la compra de carteras de préstamos, créditos impagados o activos procedentes de entidades financieras.

Por tanto, un fondo no tiene por qué comprar directamente una vivienda para participar en una operación inmobiliaria. Puede adquirir, por ejemplo, una cartera de deuda vinculada a numerosos inmuebles.

¿Cómo funciona este tipo de inversión?

El funcionamiento puede resumirse de forma sencilla:

Adquisición del activo o de la deuda → gestión del activo → recuperación, alquiler o venta → obtención de rentabilidad.

La lógica está relacionada con el riesgo asumido. Un inversor puede adquirir un activo que presenta dificultades y considerar que existe margen para obtener una rentabilidad mediante su gestión posterior.

En el caso de una cartera inmobiliaria, por ejemplo, el inversor puede mantener determinados inmuebles en alquiler, vender otros o realizar actuaciones para mejorar su valor.

Por eso, no todos los activos adquiridos por este tipo de inversores tienen la misma situación ni siguen posteriormente la misma estrategia.

¿Qué papel tienen estos inversores en el mercado de la vivienda?

La entrada de fondos de inversión y otros grandes propietarios en el mercado residencial ha generado un debate sobre la concentración de viviendas, el alquiler y el acceso a la vivienda.

Su actividad forma parte de un mercado en el que también participan particulares, empresas inmobiliarias, bancos, aseguradoras, cooperativas y otros tipos de inversores.

Para analizar qué impacto tiene un determinado inversor resulta necesario estudiar aspectos concretos como el número de viviendas que controla, el tipo de activos que adquiere, dónde están ubicados, cómo los gestiona y qué destino les da.

Una situación que finalmente cambia

La situación de Maricarmen dio un nuevo giro el 28 de septiembre. Urbagestión alcanzó un acuerdo con sus representantes, con la mediación de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, para que pueda regresar a la vivienda como inquilina.

El acuerdo contempla un contrato de ocho años y una renta adaptada a sus ingresos, de alrededor de 500 euros mensuales.

Así, el caso de Maricarmen sirve también para comprender mejor cómo funcionan los distintos actores que participan actualmente en el mercado inmobiliario y por qué los fondos de inversión tienen cada vez más presencia en el debate sobre la vivienda.

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